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A lo largo de la historia de las sociedades occidentales, la
desobediencia civil ha tratado de no asentir a normas inmorales e injustas y ha
intervenido en el espacio público esgrimiendo un concepto de libertad política
no reducida al simple derecho de libre circulación (el ideal de fluidez
comercial desde el que se recorta el resto de nuestros derechos ciudadanos) o
de mera reivindicación de la libertad privada a no ser molestados o
interferidos en el espacio doméstico.
Esta visión simplificada de las libertades y derechos es la
única que conoce la ideología neoliberal. Por ello, todo acto simbólico y
público orientado a llamar la atención sobre las situaciones de injusticia
social que hoy padecemos es directamente criminalizado y convenientemente
caricaturizado como “acto
violento” por los medios. Prueba de ello ha sido gran parte de la
cobertura informativa sobre las acciones que tuvieron como protagonista a la
plataforma STOP al Tarifazo en protesta contra la abusiva
subida de tarifas.
Estas acciones, que se produjeron cuando los trenes se
encontraban parados en las estaciones y con las puertas abiertas y que, por
tanto, no causaron daños ni situaciones de peligro para los usuarios del metro
de Madrid, probablemente pretendían invitar, “tirando del freno de emergencia”,
a una reflexión colectiva, a un “paro” orientado a tomar conciencia de la
necesidad de detener esa movilización autista (ir a tarbajar, ir a consumir) a
la que se nos condena por parte de los poderes.En esta línea de criminalización
y mala fe, el colaborador –sería injusto para los compañeros de su profesión
que contrastan sus datos llamarle periodista- de El País, Francisco Javier
Barroso (@FJBARROSO1973), conocido manipulador de información sobre el 15M,
remite a “fuentes policiales” para asegurar que los compañeros detenidos por
los actos
de protesta registrados el 25 de abril, 8 y 29 de mayo, actos en los que no
hubo ni heridos ni altercados, han sido puestos bajo disposición policial por “las
informaciones les llegaban directamente de miembros del Movimiento 15-M”.
Presuntos individuos –escribe el firmante de la noticia- que “según dicen,
están en contra de los métodos que usaban en los sabotajes y no comulgaban con
perjudicar a los usuarios del metro”.
Es harto conocida la labor intoxicadora de Francisco Javier
Barroso: él fue el autor de un texto similar hace dos meses, cuando una
redada racista en Lavapiés llegó a los medios transformada en “algarada
radical”.
Como puede verse en la información aportada por DIAGONAL,
que sí que pudo contrastar la noticia, los datos fueron intencionadamente
distorsionados; hasta el punto de que, tras múltiples quejas, el
Defensor del Lector de El País reprochó al periodista que elaborara
una noticia reproduciendo solamente la versión facilitada por la Policía, sin
contrastar con testigos. “Debería haberse acudido a más y discrepantes
fuentes”, concluyó. Este "colaborador” asimismo ha sido condenado en firme
por su falta de escrúpulos profesionales, como puede verse en esta sentencia.
Barroso está especializado en periodismo de sucesos y su historial de
publicaciones en El País da cuenta de su frecuente recurso a “fuentes
policiales”. En junio del año pasado, la
Policía Municipal de Madrid le concedió un premio “por difundir la labor del
Cuerpo”.
Frente a la manipulación y los intentos de dividir las
acciones legítimas de resistencia es necesario tirar del freno de la
manipulación, señalar a los falsos profesionales y difundir información veraz.
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