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Por Vicenç Navarro
Durante el debate parlamentario que
tuvo lugar en las Cortes españolas a raíz de la presentación del presidente
Rajoy de las medidas de recortes que su gobierno iba a realizar, el ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas del gobierno español, Cristóbal Montoro,
indicó que éstas eran necesarias porque “el Estado no tenía más dinero”, punto
acentuado por el propio Rajoy cuando subrayó que el nivel de deuda pública en
España había alcanzado niveles inaceptables que forzaron la toma de medidas
excepcionales, considerando la bajada del déficit como la prioridad número uno
de su gobierno.
El presidente indicó también que tal bajada del déficit
público era la condición indispensable para salir de la crisis, pues sólo con
esta bajada se recuperaría la confianza de los mercados financieros y España
podría volver a recibir prestado dinero a unos intereses más bajos.
Es sorprendente que la administración Rajoy continúe
repitiendo esta creencia (creencia basada más en la fe que en la evidencia)
cuando todos los datos acumulados muestran lo erróneos que son los supuestos
sobre los que se basa.
Pero antes de mostrar tales datos, es importante subrayar,
una vez más, lo que tienen en común los países hoy intervenidos –España,
Grecia, Portugal e Irlanda–. Todos ellos tienen estados pobres (su gasto
público, incluyendo el gasto público social por habitante, es de los más bajos
de la Eurozona), con escasos ingresos al Estado (entre los más bajos de la Eurozona),
poco redistributivos (entre los menos redistributivos de la Eurozona), y
basados en una fiscalidad altamente regresiva (de los más regresivos de la
Eurozona).
La causa de que todos estos países tengan estos puntos en
común es que todos ellos tienen un contexto político semejante. Durante su
reciente historia (los últimos cincuenta años) las fuerzas conservadoras han
tenido una enorme influencia sobre sus Estados. Fueron gobernados por muchas
décadas por gobiernos ultraconservadores. El contraste con los países
escandinavos (que tienen los Estados más desarrollados, con mayores políticas
redistributivas y políticas fiscales más progresivas en la UE) se basa en que
en aquellos países las fuerzas progresistas han sido las dominantes en su vida
política, al revés que en los países intervenidos.
Se podría argumentar que España, como también aquellos
países, tiene un Estado pobre porque es un país pobre. Pero los datos no
confirman esta situación. El PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE-15,
y en cambio, el gasto público es sólo un 72% del promedio de la UE-15.
En realidad, si fuera un 94%, España se gastaría 66.000
millones más en su sector público y en su subfinanciado Estado del bienestar
(tanto en sus transferencias como en sus servicios públicos). Pero no se los
gasta, no porque no existan. Sí que existen. Lo que ocurre es que el Estado no
los recoge. Y ahí está el punto clave que no se cita. La regresividad de la
política fiscal que España tiene en común con todos los países intervenidos. Han
tenido que pedir prestado dinero porque el Estado no recoge el suficiente.
Pero lo que es incluso peor es que durante la era de bonanza
(estimulada por la burbuja inmobiliaria), el Estado español bajó más y más los
impuestos, bajada que favoreció particularmente a las rentas superiores, que
adquieren la mayoría de sus rentas de la propiedad de capital. Esta bajada de
impuestos determinó –según ha indicado el FMI– nada menos que la mitad del
déficit estructural del Estado, déficit que permaneció oculto durante la
expansión económica por el elevado crecimiento de ingresos al Estado,
apareciendo, sin embargo, en toda su crudeza cuando el boom explotó. Y ahora el
Estado tiene que pedir prestado el dinero a los bancos (donde los súper ricos
depositan los ingresos que habían adquirido como consecuencia de la bajada de
sus impuestos), teniendo que pagar intereses para conseguir el dinero, que
podría haberse obtenido, si no hubieran bajado los impuestos.
Y ahí está el problema más silenciado en los medios y en los
debates. Fue una lástima que ninguno de los que participaron en el debate en
las Cortes españolas hiciese las siguientes preguntas al presidente Rajoy: ¿Por
qué el Estado español decidió congelar las pensiones a fin de conseguir 1.200
millones de euros, en lugar de revertir la bajada del impuesto de sucesiones,
con lo cual habría obtenido casi el doble de ingresos (2.552 millones).
O, ¿por qué en lugar de recortar nada menos que 7.000
millones en sanidad, el gobierno no eliminó la reducción del Impuesto de Sociedades
a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, lo que
significa menos del 0,12% de todas las empresas, con lo cual hubieran obtenido
más de 5.600 millones de euros?
O, ¿por qué quiere ahora establecer el copago sanitario en
lugar de aumentar los impuestos de los fondos SICAV y las ganancias
especulativas?
O, ¿por qué quiere aumentar el IVA, en este momento de
recesión, que afectará a las clases populares, en lugar de aumentar el impuesto
de Sociedades al 35% para empresas que ganen más de un millón de euros al año,
con lo cual ingresaría 14.000 millones de euros más?
O, ¿por qué quiere destruir puestos de trabajo en los
servicios públicos en lugar de establecer un impuesto a las transacciones
financieras, con lo cual, tal como ha señalado el sindicato de técnicos del
Ministerio de Hacienda, se conseguirían 5.000 millones de euros?
O, ¿por qué en lugar de forzar reducciones de los Estados
del bienestar gestionados por las CCAA no reduce la economía sumergida diez
puntos, con lo cual aumentaría 38.500 millones de euros?
Estas son las preguntas que deberían haberse hecho y no se
hicieron. Rajoy no las habría podido contestar y habría quedado en evidencia,
mostrando, que en contra de lo que dice, sí que hay alternativas y sí que hay
dinero.
Fuente: LibreRed
