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viernes, 13 de julio de 2012

Rajoy da un golpe de estado económico en España


La Unión Europea controlará directamente al Gobierno español para su aplicación
Por Arturo Inglott
Nadie medianamente informado ignoraba qué tipo de medidas para la "corrección del déficit"iba a anunciar Mariano Rajoy este miércoles, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Inmediatamente después de la reunión del Eurogrupo del pasado lunes trascendieron a la opinión pública las condiciones leoninas impuestas por la UE a España para aprobar el rescate bancario. Y los funcionarios europeos no exhibieron tampoco ningún tipo de diplomacia a la hora de "exigir  al gobierno español adoptar sin demora la medidas de ajuste”.
Sin embargo, ni siquiera el conocimiento previo sobre lo que se avecinaba ha logrado disminuir el impacto provocado por el que, sin ninguna duda, será el plan de ajuste y de recortes más duro de todos los aplicados desde el comienzo de la Crisis. Un verdadero "golpe de Estado" económico, que tutelará directamente la Unión Europea.  
EL ESPERADO AUMENTO DEL IVA... Y OTROS IMPUESTOS
Tal y como se había adelantado en días pasados, el Gobierno subirá la tasa general del IVA tres puntos, hasta el 21%, y dos puntos la tasa reducida (del 8% al 10%). La superreducida, que grava los bienes de primera necesidad, se mantendrá en el 4%. La subida del IVA, que penaliza en mayor medida a las rentas más bajas, será una de las primeras medidas en entrar en vigor, ya que se aprobará este mismo viernes en un paquete fiscal que también incluirá también la supresión de la desgravación por vivienda en 2013.
Las “reformas” fiscales incluirán, asimismo, una subida de la imposición del tabaco, dentro de la imposición indirecta y modificaciones en el sistema de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.
RECORTE DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO PARA "INCENTIVAR" A LOS PARADOS A BUSCAR TRABAJO
Siguiendo a pie juntillas las exigencias de la Troika - CE, BCE y FMI - el paquete de medidas  se ensaña particularmente con los sectores más vulnerables y afectados por la crisis capitalista. Con un número de parados que supera los 5 millones en todo el Estado, el Ejecutivo del PP recortará las prestaciones por desempleo de manera significativa. El presidente del Gobierno anunció que la cuantía de estas  prestaciones disminuirá a partir del sexto mes para los nuevos perceptores, reduciéndose del 60% al 50% la base reguladora con la que se calculan. Con ello - aseguró sin inmutarse el jefe del Ejecutivo ultraconservador –  “pretendemos animar a los parados a la búsqueda activa de trabajo".
En materia laboral, el Gobierno ha ido incluso más allá, y exigirá también  haber trabajado previamente para acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI).
NUEVO HACHAZO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
Entre  los colectivos sobre los que vuelven a recaer los recortes se encuentran también el de los empleados públicos. Después de verse afectados por previas reducciones de salarios, el Gobierno vuelve a recortarles el sueldo; suprimiendo en esta ocasión su paga extraordinaria. Una medida con la que espera ahorrar unos 4.000 millones de euros. Rajoy también anunció su decisión de reducir el número de días de libre disposición de los empleados públicos, los llamados 'moscosos'.
Otra de las medidas impuestas por la UE y sobre la que el Ejecutivo ya ha lanzado varios globos sonda, el inminente despido de miles de estos trabajadores de la Administración del Estado, no fue mencionada durante su comparecencia por el jefe del Ejecutivo.
UN PASO MÁS EN LA CONTRARREFORMA DE LAS PENSIONES
Mariano Rajoy adelantó, igualmente, que llevará  al Pacto de Toledo un nuevo proyecto de ley sobre el sistema de pensiones, para acelerar la "aplicación del factor de sostenibilidad y abordar la jubilación anticipada". Eufemismo con el que el mandatario se estaba refiriendo a los planes ya aprobados para aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años.
REMATANDO EL PATRIMONIO COLECTIVO. PRIVATIZACIÓN DE LOS TRANSPORTES
El Gobierno profundizará también en la "liberalización" de los servicios. Por un lado, permitiendo una  "flexibilización de los horarios" comerciales, especialmente en áreas turísticas, que favorecerá a las grandes empresas en perjuicio de los pequeños comerciantes. Y, por el otro, poniendo en marcha un plan para la privatización de los servicios asociados al transporte ferroviario, portuario y aeroportuario. 

jueves, 28 de junio de 2012

Pensionistas alemanes aconsejados por sus bancos, invirtieron en bonos griegos y perdieron sus ahorros



"Una solución para la crisis griega: los pensionistas alemanes pagan la deuda Aconsejados por sus bancos, invirtieron en bonos griegos y perdieron sus ahorros".
Los pedidos de rescate y renegociaciones a los que recurrió Grecia para afrontar la crisis desembocaron en un camino donde el costo de las necesidades financieras del país quedó sobre los hombros de los jubilados. En la antesala de la cumbre económica de la UE se supo que son los pensionistas alemanes los que pagan parte de la deuda griega. Inicialmente, el Estado heleno debía cambiar bonos de inversores privados por otros de menor valor y así soltar un lastre de 100.000 millones de euros. Esta operación debía salvarla de la quiebra. A este canje adhirió, sin saberlo, el alemán Peter Moritz. Otros pensionistas como él, invirtieron en bonos soberanos griegos. Lo hicieron aconsejados por sus respectivos bancos pero luego descubrieron que sus ahorros se habían esfumado. "Estaban buscando a personas como yo. Mayores, retirados, con el pelo canoso, un poco locos y quizás a punto de ir al hospital. Y te decían que no había ningún riesgo", cuenta Moritz. Supuestamente el bono soberano de un país es una de las opciones más seguras para invertir, pero no es el caso Grecia que lleva tiempo sin poder capear la tormenta financiera que atraviesa. "Estas inversiones normalmente constituyen el dinero que tienen los retirados para sus familias o para su tratamiento médico. En gran cantidad de casos, estas personas dependen mucho de estas sumas", afirma el abogado alemán Matthias Gröpper. Algunos de los pensionistas aseguran que la inversión en bonos griegos fue "tan voluntaria como una confesión ante la Inquisición española". Por eso, los abogados consideran que fue un consejo fraudulento. "Esto fue un acuerdo entre Grecia y Alemania. Este dinero se suponía que estaba asegurado de cualquier riesgo político. No está claro por qué los inversores privados tienen que ser responsables de esos juegos políticos", dice a su turno la abogada Elena Mayer. Los inversores aseguran que canjear sus bonos por otros de menor valor es una decisión ilegal e inconstitucional. Por eso, la demanda no solo se dirige contra los bancos, sino también precisamente contra los Estados germano y griego. Son los daños colaterales de una depresión económica que los ciudadanos del país heleno viven en carne propia desde su inicio. Algunos, sin embargo, se niegan a padecer las consecuencias de las malas decisiones de la élite política y económica del país.